24 de junio de 2019

“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, dice Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en Cuba.

La reciente incautación por parte de Cuba de los activos que Orelvis Olivera llevó a ese país es un ejemplo de lo que puede ocurrir a la propiedad y a las cuentas bancarias que los delincuentes intenten llevar ilícitamente a la isla.

Olivera, quien en 2005 llegó a los Estados Unidos desde Cuba, fue condenado en 2014 en un tribunal federal por estafarle al Medicare casi ocho millones de dólares. Oficialmente la empresa Acclaim Home Health Inc. de Olivera ofrecía servicios de salud a domicilio y de terapia física a personas beneficiarias del Medicare. Pero en la práctica, de acuerdo a documentos judiciales y al FBI, la empresa pagaba sobornos a personas que reclutaban a pacientes, beneficiarios del Medicare, y los enviaban a la empresa, permitiendo que Acclaim le cobrara al Medicare por servicios innecesarios.

“Estaban ofreciendo servicios limitados”, dijo el Agente Especial Noel Gil, quien laboró en este caso junto con la oficina regional del FBI en Miami, “pero la mayoría de sus negocios eran fraudulentos. También permitían que se realizara más fraude cuando aceptaban sobornos por enviar a los beneficiarios del Medicare a otras agencias médicas”.

A la condena de seis años de prisión que recibió Olivera, se le sumó una sentencia de pago de más de $5,7 millones de dólares por indemnización al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte del dinero que Olivera obtuvo ilícitamente había sido invertido en propiedades y depositado en cuentas bancarias en Cuba antes de que se enfrentara a los cargos penales.

Unos informes de la prensa indicaron que Olivera pudo movilizar dinero durante sus viajes frecuentes a Cuba y por medio de las visitas frecuentes que le hacían sus parientes a los Estados Unidos.

El señor Gil indicó que no es probable que Olivera comenzara a ocultar su dinero en Cuba por serle leal a ese país, sino que lo más probable fue que lo consideró como una garantía contra las autoridades estadounidenses. “Estaba ocultando su dinero en Cuba porque creía que podría regresar a sus negocios y a sus riquezas”, dijo el señor Gil.

Empero, en abril de 2019, el gobierno cubano condenó a Olivera in absentia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, de conformidad con la condena que recibió en los Estados Unidos y con las inversiones que tenía en Cuba. Varios individuos que apoyaron los negocios o las empresas de Olivera fueron asimismo sancionados con multas o condenas de cárcel. En particular, las autoridades cubanas incautaron cuatro propiedades, un vehículo y dos cuentas bancarias que Olivera había registrado con los nombres de parientes y socios en Cuba. Como parte de los pagos por indemnización, los Estados Unidos buscarán recuperar los bienes que están en Cuba.

El FBI cree que Olivera no es el único individuo a quien le han incautado bienes luego de haber sido condenado en los Estados Unidos. Según Starrett: “La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos, y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados”.

Nota: La versión en inglés fue publicada originalmente el 24 de junio de 2019.